Tratar de defraudar al Estado, por mínima que sea la cantidad de dinero o la prestación que se pretende obtener, nunca es buena idea. Los bienes y fondos públicos deben ser adjudicados sólo bajo estrictas condiciones establecidas por la ley, por lo que, si una persona intenta valerse de mecanismos fraudulentos para obtener algún tipo de enriquecimiento de manera ilícita, puede ser sancionada severamente.
El fraude a programas de asistencia pública, es uno de los delitos de fraude más frecuentes ya que muchas personas suelen pensar que mentir para obtener esta ayuda no causará mayores repercusiones al patrimonio del Estado. Sin embargo, si usted está en California y decide cometer este tipo de fraude podría verse involucrado en una situación legal compleja.
Para evitar enfrentarse a este tipo de situaciones legales que pueden culminar en una condena a prisión, es importante contar con la asesoría de un profesional con años de práctica en el manejo de casos por delitos de fraude que pueda manejar el caso y llevar a cabo la mejor defensa durante el juicio.
Long Beach Criminal Lawyer es una firma de abogados especialistas en defensa criminal con amplia experiencia en litigios por fraude, quienes cuentan con los conocimientos teóricos y prácticos requeridos para defender sus intereses y lograr una solución favorable para su caso.
¿Qué son los programas de asistencia pública?
Este tipo de programas son iniciativas públicas destinadas a brindar ayuda económica a personas de bajos recursos, sin empleo o en situación de subempleo. Los referidos programas contemplan diversos beneficios destinados a mejorar la situación económica y de vida de los ciudadanos que deben recurrir a ellos.
Los beneficios a obtener por parte de estos programas, varían de acuerdo a cada uno y en el caso de California, entre los más relevantes se encuentran:
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CalWORKs: este es considerado como el programa principal de este tipo para los ciudadanos de California y se destina a brindar apoyo a las personas que requieran asistencia en cuanto a sus necesidades básicas de alimentación, atención médica, servicios e incluso vivienda. Este programa se destina a prestar asistencia a corto plazo
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CalFresh: se destina a brindar ayuda alimentaria a los ciudadanos mediante el otorgamiento de cupones de alimentos cada mes, por vía electrónica
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GAIN: es un programa que se encarga de proporcionar apoyo para que las personas beneficiadas medianteCalWORKs, puedan encontrar un empleo, mantener sus puestos de trabajo y/o obtener un ascenso que les permita mejorar sus ingresos
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GA/GR: este programa tiene como objetivo, proporcionar ayuda a personas adultas en situación de pobreza que no son asistidos a través de otros programas
Además de los programas de asistencia mencionados anteriormente, en California, se brinda cobertura médica a través de un seguro a todas aquellas personas (tanto niños como adultos) de escasos recursos, mediante el programa Medi-Cal.
Sin embargo, incurrir en fraude al programa Medi-Cal, implica cometer un ilícito que es procesado y sancionado según disposiciones particulares, distintas a las aplicables a otros casos del delito de fraude a programas de asistencia pública.
¿Cómo se comete este delito?
Según la disposición 10980 del Código de Bienestar e Instituciones, comete este delito toda persona que -de manera deliberada- oculta datos, suministra información o realiza cualquier tipo de declaración considerada como falsa o inexacta, a los fines de obtener ayuda mediante los programas destinados a brindar asistencia pública a los ciudadanos.
Esta disposición sanciona a todos sujetos que intenten recibir asistencia o ayuda a través de estos programas aun cuando no cumple con los requerimientos establecidos para obtener tal asistencia.
Del mismo modo, se sanciona a toda persona que oculta información o proporcionan datos falsos para obtener una cantidad superior a la que le corresponde legítimamente por concepto de asistencia pública.
Así, por ejemplo, incurren en este delito todos aquellos ciudadanos que alteren sus ingresos reales al momento de suscribir los formularios que son firmados bajo juramento, con la finalidad de obtener beneficios financieros que no les corresponden.
Igualmente se considera que cometen este hecho ilícito, quienes no actualicen los cambios en su situación financiera para continuar obteniendo beneficios de un determinado programa de asistencia pública. De manera que, si Luis ha sido beneficiado mediante el programa GAIN por encontrarse desempleado pero una vez que obtiene un empleo, no lo notifica para continuar recibiendo la ayuda, Luis puede verse involucrado en este delito.
Los casos por este delito, suelen involucrar con frecuencia, situaciones conyugales en las cuales una persona a pesar de estar casada, asegura no vivir con su cónyuge para que, de esta manera, no se tomen en cuenta los ingresos del mismo como parte del hogar.
Si en el caso anterior, se realiza una investigación correspondiente y se obtienen registros que demuestran la cohabitación, puede evidenciarse un fraude al programa de asistencia al cual está adscrita la persona.
¿Este delito sólo puede ser cometido por los beneficiarios del programa?
No. De acuerdo con las disposiciones legales aplicables en California este delito puede ser cometido tanto por los destinatarios o beneficiarios de los programas, como por empleados de las agencias que prestan este tipo de servicios.
En el primer caso, es el que ocurre con mayor frecuencia y comprende aquellas situaciones en las cuales los solicitantes o destinatarios de los programas, suministran información inexacta o falsa u ocultan datos para obtener beneficios por parte de los referidos programas de manera fraudulenta.
El segundo supuesto sancionado en California, se refiere al fraude interno, el cual es cometido por empleados de las oficinas o agencias que prestan los servicios de asistencia, mediante el otorgamiento o desembolso de beneficios de manera fraudulenta a ciudadanos a los cuales no les corresponden los mismos
Este segundo supuesto suele presentarse con frecuencia en casos en los que el empleado pretende obtener ayudas para familiares o amigos, bien sea omitiendo la comprobación de los requisitos exigidos para el otorgamiento de asistencia, aportando datos falsos u ocultando información.
Así, por ejemplo, cometería este hecho ilícito una empleada de un servicio de asistencia pública crea elementos ficticios respecto a la situación social de un amigo, haciéndolos parecer como verdaderos, para lograr que su amigo reciba una ayuda por parte del servicio. Este acto que podría parecer inofensivo, implica un costo para el condado que no se encuentra justificado legítimamente y en virtud de esto se considera como un hecho ilícito.
¿Cómo puede cometer este delito un beneficiario de los programas de asistencia pública?
Este delito puede ser cometido de diversas formas, por lo que los supuestos de hecho para que una persona sea acusada por el mismo son variados y, en consecuencia, las disposiciones legales establecidas abarcan muchas conductas que no necesariamente están explícitamente contempladas en la ley.
En este sentido, algunas de las formas más usuales de cometer este delito son:
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Proporcionar información o datos falsos sobre ingresos, activos, situación de empleo, estado civil o cualquier otro tipo de datos necesarios para el otorgamiento de los beneficios
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Ocultar información relevante para optar por un determinado programa de asistencia pública
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Utilizar, transferir, traspasar, vender, comprar, alterar o falsificar cupones de alimentos o autorizaciones para la recepción de dichos cupones
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Intentar obtener beneficios múltiples a través de varias solicitudes
Veamos a continuación algunos ejemplos de este hecho ilícito:
El primer ejemplo sería si Camila solicita una ayuda mediante el uso de elementos que demostraban sus bajos ingresos, pero en la información consignada, omitió que su cónyuge es propietario de un negocio y que entre sus activos se encuentra un vehículo de lujo.
Por otra parte, otro ejemplo de esta situación sería que Cristina omita notificar a la agencia a través de la cual recibía ayuda social, que comenzó a percibir una cantidad importante de ingresos. Asimismo, incurriría en este delito, José si utilizó datos falsos para obtener ayuda a través de cupones de alimentos.
¿Cuál es el procedimiento para investigar este delito?
Para comprender las implicaciones de este delito, es necesario conocer el procedimiento que es llevado a cabo por las autoridades al momento de investigar los hechos que constituyen este tipo de hecho ilícito.
En relación a la recepción de la información necesaria para el inicio de la investigación, si bien, lo más común es que estos casos lleguen a los Fiscales a través de unidades dedicadas específicamente al procesamiento de estos delitos, también existen otras fuentes.
Entre las fuentes mediante las cuales la Fiscalía puede tener conocimiento de estos delitos, se encuentran las líneas directas establecidas a tal fin, las páginas web públicas para recibir este tipo de denuncias, las agencias destinadas a la supervisión del desembolso de los beneficios proporcionados por los programas de asistencia; o mediante indicios recibidos a través de otros medios de conocimiento estatal.
Una vez que se reciba la información o los datos que hagan sospechar de la existencia del hecho ilícito, los investigadores iniciarán las labores pertinentes para recabar la mayor cantidad de elementos que sustenten estas sospechas.
A tal fin, suele recurrirse a entrevistas con los beneficiarios, sus familiares, amigos o empleadores; a la revisión de las solicitudes y recaudos presentados; al análisis de activos e ingresos del beneficiario, entre otras actuaciones que se consideren pertinentes para la investigación de los hechos. Posteriormente, al culminar el proceso de recabar información, los datos obtenidos serán presentados al Fiscal distrital, quién según su criterio decidirá si corresponde presentar cargos.
Ahora bien, si la Fiscalía decide que la información aportada no es suficiente para presentar cargos, puede decidir rechazar el caso u ordenar a los investigadores que continúen sus labores para recopilar datos adicionales. Igualmente, el Fiscal puede determinar que el caso concreto debe ser enviado a un programa de desviación del fraude a la asistencia social.
¿Cuáles son las penas establecidas para este delito?
Las penas establecidas como sanciones por este delito, varían según las circunstancias del hecho en virtud del cual fue acusada la persona. Al respecto, resulta importante destacar que algunos de los aspectos más importantes tomados en cuenta para calificar el delito son: la conducta fraudulenta realizada, el monto de los beneficios obtenidos, la cantidad de reclamos fraudulentos y los antecedentes penales de la persona acusada.
¿Cuál es la sanción aplicable a los supuestos de fraude por declaraciones falsas o engañosas y solicitudes fraudulentas?
En caso de tratarse de un supuesto de fraude por declaraciones falsas o engañosas, este se considera como delito menor y en consecuencia las penas son de prisión por un lapso que no supere los 6 meses aunado a una multa de hasta $500.
Por otra parte, si la acusación fue ejercida en virtud de haberse presentado una solicitud considerada como fraudulenta (utilizando datos personales falsos o introduciendo múltiples solicitudes), esto es considerado como “wobbler” y en virtud de ello, la Fiscalía tiene la facultad de calificarlo como delito menor o mayor, a su discreción.
Si es calificado como delito menor, las penas son de prisión por un lapso que no exceda de 1 año y/o la obligación de cancelar una multa de máximo $1.000. Mientras que, si se califica como delito mayor, la condena abarca 16 meses, 2 o 3 años de prisión y/o una multa de hasta $5.000.
¿Cuáles son las penas establecidas para la obtención o recepción de beneficios de manera fraudulenta?
Si el caso involucra la obtención o recepción de beneficios de manera fraudulenta, este supuesto se considera como delito menor siempre y cuando el acusado haya recibido beneficios cuyo monto total no exceda de $950. Las penas establecidas para este supuesto son: prisión por un lapso que no supere los 6 meses aunado a una multa de hasta $500.
Pero, si se obtuvieron o recibieron beneficios de manera fraudulenta y el valor de los mismos excede la suma de $950, la condena implica pasar hasta 3 años en prisión y/o la obligación de cancelar una multa de hasta $5.000.
Es importante resaltar que la regla explicada para los casos anteriormente señalados de obtención o recepción de beneficios de manera fraudulenta, aplica también para los casos de uso, transferencia, traspaso, venta, adquisición o posesión de cupones de alimentos.
¿Existen algunas sanciones adicionales aplicables según las circunstancias del delito?
Sí, según las disposiciones legales que regulan estos hechos ilícitos, una persona acusada por cualquiera de los supuestos de este delito puede enfrentar sanciones adicionales si el fraude se realizó sobre beneficios electrónicos, siendo que en este caso la persona puede ser condenada a prisión por hasta 4 años.
Asimismo, se establecen sanciones adicionales en virtud de la cuantía del fraude. De manera que, si la cantidad por la cual se cometió el fraude supera los $50.000 la pena aplicable aumenta en 1 año; si supera los $150.000 la pena aumenta en 2 años; si supera los $1.000.000 la pena aumenta en 3 años y si supera los $2.500.000 la pena aumenta en 4 años.
¿Qué otras consecuencias pueden derivarse de una condena por este delito?
Aunado a las penas anteriormente señaladas, ser condenado por este delito puede acarrear otras consecuencias que resultan perjudiciales, entre las cuales se encuentra la afectación a la licencia profesional. La referida consecuencia se aplica en aquellos casos en los que el acusado tenga una profesión que requiera licencia y este puede verse afectada debido a que los delitos de fraude involucran vileza moral.
Adicionalmente, puede imponerse una inhabilitación a la persona condenada en virtud de la cual no pueda volver a recibir ayudas o beneficios de asistencia pública en un futuro.
Por otra parte, si la persona condenada es inmigrante o extranjero, aunque se encuentre legalmente en el país, puede ser deportada o expulsada.
¿Es posible que la persona acusada no sea condenada si reembolsa los beneficios obtenidos?
Sí, aunque esto depende de cada situación, en algunos casos es posible que, mediante el reembolso de los beneficios que se obtuvieron mediante el fraude, las personas acusadas puedan evitar recibir una condena penal.
En estos casos suele requerirse que el acusado asuma la culpabilidad de los cargos impuestos y en consecuencia sea enviado a un programa de desviación. Siendo que los referidos programas y sus condiciones dependen de cada condado. En líneas generales, las personas que pueden optar a estos programas son aquellas que no tienen antecedentes penales o que han cometido el hecho por una cantidad mínima de dinero.
Dependiendo del caso, al finalizar el programa de desviación y una vez reembolsado el dinero, la persona puede acudir de nuevo ante el Juez para solicitar la desestimación del cargo. Ahora, si la persona acusada no da cumplimiento a los términos acordados, el Juez dictará la sentencia correspondiente.
Vale destacar que, si se pretende optar por el reembolso de los beneficios obtenidos, esto debe hacerse estrictamente con la asesoría de un abogado defensor experto en delitos de fraude en la jurisdicción donde se cometió el hecho. Esto se debe a que, sólo un profesional especializado en el área puede analizar los elementos del caso para determinar si el reembolso es una opción viable.
Asimismo, la asistencia de un abogado con formación y experiencia en este tipo de casos, le permite al acusado, contar con una defensa eficaz en aquellas situaciones en las cuales la Fiscalía decide oponerse al reembolso como alternativa a una condena.
¿Cómo defenderse en un juicio por este delito?
Debido a que este delito abarca múltiples circunstancias y formas en las que puede ser cometido son variadas, los argumentos de defensa deben atender a cada caso en concreto. Sin embargo, existen algunos alegatos comúnmente empleados en los juicios por este delito, los cuales son: ausencia de intención fraudulenta, falsedad de las acusaciones, insuficiencia de las evidencias.
¿En qué consiste la defensa por ausencia de intención fraudulenta?
Para que un juicio por este delito culmine en una condena a la persona acusada, es esencial que la Fiscalía demuestre la intención fraudulenta al cometer el hecho que motivó el proceso penal. Así que, según las circunstancias del caso, la defensa del acusado puede optar por alegar la ausencia de intención fraudulenta.
Esta defensa consiste en alegar y probar que la persona acusada no actuó con el propósito de defraudar, sino que su conducta estuvo motivada por una convicción razonable de la legitimidad de la reclamación de los beneficios o que presentó múltiples solicitudes por accidente.
Esta situación también suele ocurrir en los casos de presuntos fraudes internos, en los cuales los familiares o amigos del empleado que se ve involucrado en el caso utilizan mecanismos fraudulentos para tratar de obtener beneficios de un determinado programa. En estos casos, es posible demostrar que no hubo intención fraudulenta por parte del empleado, pues este no actuó en connivencia con la persona que intentó realizar el fraude.
¿Cómo demostrar que la acusación es falsa?
En algunos casos, la acusación que motivó el inicio del juicio, puede ser falsa en virtud de errores cometidos por la agencia encargada del programa de asistencia o incluso debido a un caso de robo de identidad. Para demostrar esto, el abogado defensor debe evaluar exhaustivamente el caso a los fines de obtener los elementos probatorios pertinentes para comprobar el alegato de falsedad de la acusación.
¿Qué implica alegar la insuficiencia de las evidencias como argumento de defensa?
Ejercer la defensa de una persona acusada por este delito, alegando la insuficiencia de las evidencias, implica que el abogado defensor debe comprobar ante el Juez que los elementos aportados por la Fiscalía, no representan evidencias concluyentes para demostrar la culpabilidad del acusado.
¿Cómo contactar a un abogado especialista en delitos de fraude cerca de mí?
En California, una acusación por cometer fraude a programas de asistencia pública implica verse involucrado en una situación legal compleja que puede culminar en una condena a prisión, a cancelar determinadas multas o incluso afectar la licencia profesional y el estado migratorio.
Dado que este delito involucra múltiples consideraciones que pueden resultar complejas, ante una situación de este tipo, es importante contar con la asistencia y asesoría de un profesional en defensa criminal que tenga la capacidad de abordar el caso para determinar las mejores alternativas de defensa.
Si usted se ha visto involucrado en una investigación o un juicio por este delito, los abogados de Long Beach Criminal Lawyer, están capacitados para evaluar los elementos más relevantes de su caso a los fines de brindarle la asistencia jurídica que requiere. Para comenzar a trabajar en su caso inmediatamente, sólo debe comunicarse al número telefónico 562-304-5121.
